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PARTICULARES


Nuestros abogados expertos en asuntos de Extranjeria le ayudaran para que pueda regularizar su situación lo antes posible. También podrán encontrar la mejor solución para otras cuestiones relacionadas con su estancia en España



Aplicamos el Derecho de extranjeria  nuestros clientes



Abogado extranjeria

  • Permisos Excepcionales (Arraigo).
  • Exención de Visado.
  • Procedimientos de Asilo y Refugio.
  • Prórrogas de Estancia.
  • Autorizaciones de regreso.
  • Expedientes de matrimonio ante el Registro Civil.
  • Asistencia a dependencias de Comisaría y Juzgado.
  • Recursos.
  • Tramitación de Permisos de Trabajo y Residencia: Solicitud, Trámite, Renovación, Modificación.
  • Modificaciones de Permisos.




Los ciudadanos de países miembros de la Comunidad Europea o de otro Estado que forme parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Suiza que tengan previsto residir en el Estado Español por un tiempo superior a tres meses, tienen la obligación de inscribirse en el Registro Central de Extranjeros.

Nacionalidad

TRAMITAMOS LOS EXPEDIENTES MEDIANTE LA PLATAFORMA TELEMATICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA



Los diferentes modos de adquisición de la nacionalidad son:
Nacionalidad para españoles de origen
Son españoles de origen:

  • Los nacidos de padre o madre española.
  • Los nacidos en España cuando sean hijos de padres extranjeros si, al menos uno de los padres, ha nacido en España (se exceptúan los hijos de diplomáticos).
  • Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecen de nacionalidad (apátridas), o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. En este caso puede realizarse un expediente en el Registro Civil de su domicilio para declarar la nacionalidad española con valor de simple presunción.
  • Los niños nacidos en España de cuyos padres se desconoce la identidad. Se presumen nacidos en España los menores cuyo primer lugar de estancia conocido sea territorio español.
  • Son también españoles de origen los menores de 18 años que sean adoptados por un español. Si el adoptado es mayor de 18 años, podrá optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años a partir de la constitución de la adopción.

Nacionalidad por posesión de estado

Tendrá derecho a la nacionalidad española aquella persona que haya poseído y utilizado esta nacionalidad durante diez años, de forma continuada, de buena fe (sin que tenga conocimiento de la situación real, es decir, de que no es español en realidad), en base a un título inscrito en el Registro Civil. La nacionalidad española no se perderá aunque se anule el título inscrito en el Registro Civil. El interesado debe haber mantenido una actitud activa en dicha posesión y utilización de la nacionalidad española, esto significa que deberá haberse comportado teniéndose a sí mismo por español, tanto en el disfrute de sus derechos como en el cumplimiento de sus deberes en relación con órganos del Estado español.

Nacionalidad por opción

La opción es un beneficio que nuestra legislación ofrece a extranjeros que se encuentran en determinadas condiciones, para que adquieran la nacionalidad española. Tendrán derecho a adquirir la nacionalidad española por esta vía:
  • Aquellas personas que estén o hayan estado sujetos a la patria potestad de un español. Esta posibilidad caduca cuando el interesado cumple  20 años, salvo que por su ley personal el interesado no adquiera la mayoría de edad a los 18 años, en cuyo caso el plazo será de dos años desde que adquiera la mayoría de edad.
  • Aquellas personas cuyo padre o madre hubiera sido español y hubiera nacido en España.
  • Aquellas personas cuya determinación de la filiación (la determinación de la filiación significa establecer quiénes son los padres de una persona) o nacimiento en España se produzca después de los dieciocho años de edad. En este supuesto, el plazo para optar a la nacionalidad es de dos años desde que se determina la filiación o el nacimiento.
  • Aquellas personas cuya adopción por españoles se produzca después de los dieciocho años de edad. En este caso el derecho a optar existe hasta que transcurra el plazo de dos años a partir de la constitución de la adopción.

Nacionalidad por residencia

Esta forma de adquisición de la nacionalidad exige la residencia de la persona en España durante diez años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición. Existen casos en los que el período de residencia exigido se reduce; estos son:

  • Cinco años: para la concesión de la nacionalidad española a aquellas personas que hayan obtenido la condición de refugiado
  • Dos años: para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí.
  • Un año:
    • El que haya nacido en territorio español.
    • El que no ejerció debidamente su derecho a adquirir la nacionalidad española por opción.
    • El que haya estado sujeto legalmente a la tutela (bajo la vigilancia de un tutor), guarda o acogimiento (el acogimiento que permite la reducción de residencia legal a un año es aquél en que existe resolución de la entidad pública que tenga en cada territorio encomendada la protección de menores y los acogimientos que estén judicialmente reconocidos) de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud.
    • El que, en el momento de la solicitud, lleve un año casado con un español o española y no esté separado legalmente o de hecho.
    • El viudo o viuda de española o español, si en el momento de la muerte del cónyuge no estaban separados, de hecho o judicialmente.
    • El nacido fuera de España de padre o madre, (nacidos también fuera de España), abuelo o abuela, siempre que todos ellos originariamente hubieran sido españoles.

Nacionalidad por carta de naturaleza

Esta forma de adquisición de la nacionalidad, tiene carácter graciable y no se sujeta a las normas generales de procedimiento administrativo. Será otorgada o no discrecionalmente por el Gobierno mediante Real Decreto, tras valorar la concurrencia de circunstancias excepcionales.


Renovacion y permiso para extranjeros

Es la renovación de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.

NORMATIVA BÁSICA
  • Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (artículos 36, 38 y 40).
  • Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (artículos del 71 y 72)

REQUISITOS
  • No ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, o familiar de ciudadanos de estos países a los que les sea de aplicación el régimen de ciudadano de la Unión.
  • Carecer de antecedentes penales en España.
  • No tener prohibida la entrada en España y no figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido.
  • En su caso, acreditar la escolarización de los menores a su cargo en edad de escolarización obligatoria.
  • Abonar las tasas por tramitación de la autorización de residencia temporal y la relativa a la autorización de trabajo por cuenta ajena.
  • Poder acreditar uno de los siguientes supuestos:
    • Continuar con la relación laboral que dio origen a la concesión de la autorización cuya renovación se pretende.
    • Haber realizado actividad laboral durante un mínimo de seis meses por año y:
      • Haber suscrito un nuevo contrato de trabajo y figurar en situación de alta o asimilada en el momento de la solicitud, o
      • Disponer de un nuevo contrato que garantice la actividad laboral del trabajador y con inicio de vigencia condicionado a la concesión de la renovación.
    • Haber realizado la actividad durante un mínimo de tres meses por año siempre que:
      • La relación laboral que dio origen a la autorización se interrumpió por causas ajenas al trabajador.
      • Se ha buscado activamente empleo mediante la inscripción en el Servicio Público de Empleo competente como demandante.
      • Disponga de un contrato de trabajo en vigor.
    • Tener otorgada una prestación contributiva de desempleo.
    • Ser beneficiario de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción social o laboral.
    • Haberse extinguido o suspendido la relación laboral como consecuencia de que la trabajadora sea víctima de violencia de género.
    • Haber estado trabajando y en alta en la Seguridad Social durante un mínimo de nueve meses en un periodo de doce, o de dieciocho meses en un periodo de veinticuatro, siempre que:
      • La última relación laboral se interrumpiera por causas ajenas al trabajador.
      • Se haya buscado activamente empleo.
    • El cónyuge o la pareja de hecho del trabajador disponga de los requisitos económicos suficientes para reagrupar al trabajador.
  • Si la unidad familiar incluye dos miembros, la cuantía mínima que se deberá acreditar es la que represente mensualmente el 150% del IPREM, . Por cada miembro adicional, se deberá sumar el 50% del IPREM, [Volver al inicio]

DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE
Nota: con carácter general se deberán aportar copias de los documentos y exhibir los originales en el momento de presentar la solicitud.
  • Impreso de solicitud en modelo oficial (EX–03) por duplicado, debidamente cumplimentado y firmado por el trabajador. Dicho impreso puede obtenerse en http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/index.html
  • Copia completa del pasaporte o título de viaje en vigor.
  • En caso de tener a su cargo menores en edad de escolarización obligatoria, informe emitido por las autoridades competentes, autonómicas o estatales, o del centro educativo.
  • Se podrá presentar para la valoración por la Oficina de Extranjería, informe de integración de la Comunidad Autónoma de su lugar de residencia, en el que conste la participación en acciones formativas y el conocimiento de las lenguas oficiales.
  • Documentación según el supuesto por el que se solicita la renovación:
    • Si se continúa con la relación laboral que dio origen a la concesión de la autorización que se va a renovar.
      • Documentación a aportar:
        • No es preciso presentar ningún otro documento.
    • Si se puede acreditar la realización de la actividad durante un mínimo de seis meses por año y
      • Se ha suscrito un nuevo contrato de trabajo y figurar en situación de alta o asimilada en el momento de la solicitud.
        • Documentación a aportar:
          • No es preciso presentar ningún otro documento.
      • Dispone de un nuevo contrato de trabajo que garantice la actividad laboral del trabajador.
        • Documentación a aportar:
          • Copia del nuevo contrato de trabajo.
    • Si se puede acreditar la realización de la actividad durante un mínimo de tres meses por año.
      • Documentación a aportar:
        • Acreditación de que la relación laboral que dio origen a la autorización se interrumpió por causas ajenas al trabajador.
        • Acreditación de que el trabajador ha buscado activamente empleo.
    • Si tiene otorgada prestación contributiva.
      • Documentación a aportar:
        • Acreditación de la concesión de la prestación contributiva.
    • Si es beneficiario de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción social o laboral.
      • Documentación a aportar:
        • Acreditación de la concesión de la prestación asistencial.
    • Si la relación laboral se suspendió o extinguió como consecuencia de ser víctima de violencia de género.
      • Documentación a aportar:
        • Acreditación de ser víctima de violencia de género (entre otros, podrá presentar orden de protección o informe del Ministerio Fiscal).
        • Acreditación de que la relación laboral se suspendió o extinguió como consecuencia de ser víctima de violencia de género.
    • Si se puede acreditar haber estado trabajando y en alta en la Seguridad Social durante un mínimo de nueve meses en un periodo de doce, o de dieciocho meses en un periodo de veinticuatro.
      • Documentación a aportar:
        • Acreditación de que la relación laboral que dio origen a la autorización se interrumpió por causas ajenas al trabajador.
        • Acreditación de que el trabajador ha buscado activamente empleo.
    • Si el cónyuge o la pareja de hecho del trabajador dispone de los requisitos económicos suficientes para reagrupar al trabajador.
      • Documentación a aportar:
        • Acreditación de la relación conyugal o de pareja de hecho.
        • Acreditación de los medios económicos.
    Nota importante: cuando se aporten documentos de otros países deberán estar traducidos al castellano o lengua cooficial del territorio donde se presente la solicitud.
    Por otro lado, todo documento público extranjero deberá ser previamente legalizado por la Oficina consular de España con jurisdicción en el país en el que se ha expedido dicho documento o, en su caso, por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación salvo en el caso en que dicho documento haya sido apostillado por la Autoridad competente del país emisor según el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961 y salvo que dicho documento esté exento de legalización en virtud de Convenio Internacional.
    Para obtener más información sobre la traducción y legalización de los documentos se podrá consultar la hoja informativa


Reagrupación Familiar

Es una autorización de residencia temporal que se podrá conceder a los familiares de los extranjeros residentes en España, en virtud del derecho a la reagrupación familiar.
NORMATIVA BÁSICA
  • Directiva 2003/86/CE, de 22 de septiembre, sobre el derecho a la reagrupación familiar.
  • Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (artículos del 16 al 19).
  • Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (artículos del 52 al 58).

REQUISITOS
  • No ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, o familiar de ciudadanos de estos países a los que les sea de aplicación el régimen de ciudadano de la Unión.
  • No encontrarse irregularmente en territorio español.
  • Carecer de antecedentes penales en España y en sus países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español.
  • No tener prohibida la entrada en España y no figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido.
  • Tener asistencia sanitaria por estar cubierta por la Seguridad Social o contar con un seguro privado de enfermedad.
  • No padecer ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de salud pública graves de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.
  • No encontrarse, en su caso, dentro del plazo de compromiso de no retorno a España que el extranjero haya asumido al acogerse a un programa de retorno voluntario.
  • Haber abonado la tasa por tramitación del procedimiento.
  • Tener medios económicos suficientes para atender las necesidades de la familia. Se podrán computar los ingresos aportados por el cónyuge o pareja u otro familiar en línea directa y primer grado, residente en España que conviva con el reagrupante. No serán computables los ingresos provenientes del sistema de asistencia social. Las cuantías mínimas son las siguientes:
    • Para unidades familiares que incluyan dos miembros (reagrupante y reagrupado) se exige una cantidad mensual del 150 % del IPREM, Por cada miembro adicional se deberá sumar, el 50% del IPREM, Disponer de vivienda adecuada.
  • El reagrupante deberá haber residido en España durante un año como mínimo y haber obtenido autorización para residir por, al menos, otro año. Para reagrupar a los ascendientes el reagrupante deberá ser titular de una autorización de larga duración o larga duración-UE.
  • El familiar reagrupado podrá ser:
    • Cónyuge o persona con la que el reagrupante mantenga una relación de afectividad análoga a la conyugal. En ningún caso podrá ser reagrupado más de un cónyuge o pareja. Son incompatibles las situaciones de matrimonio y de análoga relación de afectividad. En el supuesto de estar casado por segunda o posterior vez, se deberá acreditar la disolución y la situación del anterior cónyuge o pareja y sus familiares en cuanto a la vivienda común, la pensión al cónyuge o pareja y los hijos.
      Se considera relación análoga a la conyugal:
      • Cuando está inscrita en un registro público y no se haya cancelado la inscripción, o
      • Cuando por cualquier medio de prueba admitido en derecho, se pruebe la vigencia de una relación no registrada, constituida con carácter previo al inicio de la residencia del reagrupante en España.
    • Hijos del reagrupante y del cónyuge o pareja, incluidos los adoptados (siempre que la adopción produzca efectos en España), menores de dieciocho años o discapacitados que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud. Si es hijo de uno de los cónyuges o miembros de la pareja, éste deberá ejercer en solitario la patria potestad o se le deber haber otorgado la custodia y estar efectivamente a su cargo
    • Representados legalmente por el reagrupante, menores de dieciocho años o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud.
    • Ascendiente en primer grado del reagrupante residente de larga duración o larga duración-UE, o de su cónyuge o pareja, cuando estén a su cargo, sean mayores de sesenta y cinco años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar la residencia en España.Se considera que están a cargo cuando se acredite que durante el último año el reagrupante ha transferido fondos o soportado gastos de su ascendiente de al menos el 51% del producto interior bruto per cápita, en cómputo anual, del país de residencia de éste. Encontrará información sobre el Producto Interior Bruto  per cápita por país en el siguiente enlace: https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?order.
    • Excepcionalmente, cuando concurran razones de carácter humanitario, podrá reagruparse al ascendiente menor de sesenta y cinco años. Se consideran razones humanitarias, entre otros casos, cuando el ascendiente conviviera con el reagrupante en el país de origen, o cuando sea incapaz y esté tutelado por el reagrupante o su cónyuge o pareja, o cuando no sea capaz de proveer a sus propias necesidades. También concurren razones humanitarias si se presentan conjuntamente las solicitudes de los ascendientes cónyuges y uno de ellos es mayor de sesenta y cinco años


DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE
Nota: con carácter general se deberán aportar copias de los documentos y exhibir los originales en el momento de presentar la solicitud
      • Impreso de solicitud en modelo oficial (EX–02) por duplicado, debidamente cumplimentado y firmado por el reagrupante. Dicho impreso puede obtenerse en http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/index.html
      • Copia del pasaporte completo, título de viaje o cédula de inscripción en vigor del reagrupante.
      • Copia compulsada de la documentación que acredite que cuenta con empleo y/o recursos económicos suficientes para atender las necesidades de la familia. Para ello podrá presentar:
        • En caso de realizar actividad lucrativa por cuenta ajena:
          • Copia del contrato de trabajo.
          • En su caso, última declaración del IRPF.
        • En caso de realizar actividad lucrativa por cuenta propia:
          • Acreditación de la actividad que desarrolla.
          • En su caso, última declaración del IRPF.
        • En caso de no realizar ninguna actividad lucrativa en España: cheques certificados, cheques de viaje o cartas de pago o tarjetas de crédito, acompañadas de una certificación bancaria de la cantidad disponible como crédito de la citada tarjeta o certificación bancaria.
      • Documentación acreditativa de disponer de vivienda adecuada. Para ello deberá adjuntar informe expedido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma del lugar de residencia del reagrupante. El informe podrá ser emitido por la Corporación Local cuando así se haya establecido por la Comunidad Autónoma. Puede consultar el órgano competente en su lugar de residencia en la siguiente dirección: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/Informes_CCAA_Entidades_locales/Informe_vivienda_adecuada/index.html
        Se podrá justificar este requisito por cualquier medio de prueba admitido en Derecho en el caso de que la Comunidad Autónoma o la Corporación local no haya emitido y notificado el informe en el plazo de treinta días desde la fecha de la solicitud. En este caso, la documentación que se aporte deberá hacer referencia a: título que habilite para la ocupación de la vivienda, número de habitaciones, uso al que se destina cada una de las dependencias, número de personas que la habitan y condiciones de habitabilidad y equipamiento. También se deberá aportar copia del justificante de haber realizado la solicitud de informe a la Comunidad Autónoma o Corporación local.
      • Copia del pasaporte completo y en vigor o del título de viaje del reagrupado.
      • Copia de la documentación acreditativa de los vínculos familiares o de parentesco o existencia de la unión de hecho o de la representación, y además:
        • En el supuesto de reagrupar al cónyuge o pareja:
          • Declaración jurada del reagrupante de no residir con él en España otro cónyuge o pareja.
          • Si está casado en segundas o posteriores nupcias, resolución judicial que fije la situación del cónyuge anterior y de sus hijos.
        • En el supuesto de hijos:
          • Si son reagrupados por un solo progenitor: documentación acreditativa de ejercer en solitario la patria potestad, tener otorgada la custodia, o de que el otro progenitor autoriza su residencia en España.
          • Si son mayores de dieciocho años y no son objetivamente capaces para proveer sus propias necesidades, documentación acreditativa.
          • Si son hijos adoptivos, resolución por la que se acordó la adopción.
        • En el supuesto de representados por el reagrupante:
          • Si son mayores de dieciocho años y no son objetivamente capaces para proveer sus propias necesidades, documentación acreditativa.
        • En el supuesto de reagrupar a ascendientes:
          • Documentación acreditativa de que el reagrupante durante el último año de residencia en España ha transferido fondos o soportado gastos del ascendiente.
          • Documentación acreditativa de las razones que justifican la necesidad de autorizar la residencia en España.
          • En su caso, documentación que acredite que concurren razones humanitarias que justifiquen la autorización.
      • Documentación acreditativa de tener garantizada asistencia sanitaria.

Carta de Invitación

¿Qué es?
Expedición de la carta de invitación de particulares a favor de extranjeros que pretendan acceder al territorio nacional por motivos de carácter turístico o privado
¿Quiénes son los interesados?
Ciudadano español, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o beneficiario del régimen comunitario o extranjero residente legal en España.
Modelo de solicitud
Solicitud de autorización de carta de invitación.
¿Cuál es el importe o la cuantía?
Modelo de tasa 790, código 012.


¿Como se gestiona?
Personalmente.

¿Dónde se presenta la documentación?
Comisaría de Policía del lugar de residencia del interesado.
Datos básicos del procedimiento
Forma de iniciación: A solicitud del interesado.
Tipo de procedimiento: Autorizaciones, Licencias y Concesiones.
Materia del procedimiento: ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
Órganos competentes para resolver este procedimiento:
Por competencia propia:
  • Dirección General de la Policía.
La resolución del procedimiento sí pone fin a la vía administrativa.
Efecto de la falta de resolución en este plazo: Desestimatorio (inicio a solicitud del interesado).
Recursos que se pueden interponer:
  • Reposición potestativo de reposición

    • Órgano que resuelve el recurso: Órgano que dictó el acto.
    • Plazo de interposición del recurso: 1 mes acto expreso, 3 meses acto presunto.

Normativa:
  • REAL DECRETO 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.

  • ORDEN PRE/1283/2007, de 10 de mayo, por la que se establecen los términos y requisitos para la expedición de la carta de invitación de particulares a favor de extranjeros que pretendan acceder al territorio nacional por motivos de carácter turístico o privado.

Tarjeta Comunitaria


TARJETA COMUNITARIA, TRÁMITES DE EXTRANJERÍA: TARJETA DE RESIDENCIA PARA FAMILIAR DE ESPAÑOL O CIUDADANO COMUNITARIO.
Los familiares de ciudadano español o de otro Estado miembro de la Unión Europea, o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza, que no ostenten la nacionalidad de uno de dichos Estados, cuando se reúnan con él o le acompañen, y vayan a residir en España por un período superior a tres meses, deberán solicitar y obtener una tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión.

ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA Y ESTADOS PARTE EN EL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia*, Italia, Letonia, Liechtenstein*, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega*, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, R. Checa, Rumanía, Suecia, Suiza**.
(* Estados parte en el Acuerdo Sobre el Espacio Económico Europeo. ** Acuerdo de 21 de junio de 1999, entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza, sobre libre circulación de personal).
NORMATIVA BÁSICA
Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.
Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
Orden PRE/1490/2012, de 9 de julio, por la que se dictan normas para la aplicación del artículo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

REQUISITOS
Requisitos para poder solicitar la tarjeta de familiar de comunitario

Tarjeta de Estudiante

¿Qué es?
Documento destinado a identificar al extranjero a los efectos de acreditar su situación legal en España.
¿Quiénes son los interesados?
Estudiante extranjero con autorización de estancia de duración superior a seis meses.

Periodo de validez
Tendrá idéntico periodo de vigencia que la autorización o el reconocimiento del derecho que justifique su expedición, y perderá su validez cuando se produzca la de la citada autorización, por cualquiera de las causas reglamentariamente establecidas a este efecto o, en su caso, por la pérdida del derecho para permanecer en territorio español.

¿Cuál es el importe o la cuantía?
Modelo de tasa 790, código 012.
LA TASA DEBE DE VERIFICARSE EN EL MOMENTO DE LA SOLICITUD
Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuenta abierta, mediante la presentación del documento de ingreso

¿Como se gestiona?
Personalmente
Modelo de solicitud
Solicitud tarjeta de identidad de extranjero

¿Dónde se presenta la documentación?
Personalmente ante la Oficinas de Extranjería o, en su defecto, en la Comisarías de Policía del lugar donde tenga fijado su domicilio
Datos básicos del procedimiento
Forma de iniciación: A solicitud del interesado.
Tipo de procedimiento: Autorizaciones, Licencias y Concesiones.
Materia del procedimiento: DERECHOS, LIBERTADES Y RELACIONES CIVILES.
Órganos competentes:
  • Corresponderá a la Dirección General de la Policía , conforme a los criterios de coordinación marcados por la Secretaría de Estado de Seguridad, de acuerdo con la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, la organización y gestión de los servicios de expedición de las Tarjetas de Identidad de Extranjero
La resolución del procedimiento sí pone fin a la vía administrativa.
Efecto de la falta de resolución en este plazo: Desestimatorio (inicio a solicitud del interesado).
Recursos que se pueden interponer:
  • Reposición

    • Órgano que resuelve el recurso: Órgano que dictó el acto.
    • Plazo de interposición del recurso: 1 mes

  • Contencioso

    • Órgano que resuelve el recurso:

      1. Juzgado Contencioso - Administrativo.
      2. Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo; Salas de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.
      3. Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional; Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

    • Plazo de interposición del recurso: 2 meses desde la publicación.
Normativa:
  • LEY ORGÁNICA 4/2000 de 11 de enero, sobre los derechos y libertades de los extranjeros y su integración social.

  • REAL DECRETO 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.
Empadronamiento y Parejas de Hecho
El Defensor del Pueblo ha constatado que, en ocasiones, cuando un ciudadano extranjero solicita darse de alta en el Padrón de Habitantes en el domicilio donde reside habitualmente, cumpliendo así con la obligación que la ley le impone y ejerciendo también el derecho que le asiste, se le piden más documentos que los que se exigen a los ciudadanos españoles.
Algunas veces, además, se envía a los extranjeros una notificación para que acudan personalmente a la oficina de empadronamiento pero sin indicarles para qué fin concreto o qué documento específico deben llevar para así completar la solicitud de empadronamiento. En esas notificaciones se les advierte de que si no cumplimentan este trámite en el corto plazo concedido, no se efectuará su inscripción. El Defensor del Pueblo ha indicado a esos Ayuntamientos que esta práctica administrativa es una irregularidad ya que no hay una norma con rango de ley que obligue a los ciudadanos a comparecer ante una oficina pública en estos casos; que se tiene que dar un plazo de diez días hábiles cuando sea necesaria la subsanación de la solicitud por no reunir los requisitos previstos en la normativa aplicable.
Reiteradamente se han aprobado normas con instrucciones dirigidas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón, en las que se proclama que la petición de algún documento a quien solicita empadronarse, ya sea español o extranjero, debe encaminarse a comprobar que los datos de identificación del solicitante (nombre, apellidos, número del documento, nacionalidad, sexo y lugar y fecha de nacimiento) son correctos, con independencia de cual sea su situación legal en España (si fuese extranjero); que los Ayuntamientos no tienen competencia para realizar ningún control sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia en territorio español de ninguno de sus vecinos.
A pesar de ello, algunos funcionarios o autoridades locales adoptan medidas obstaculizadoras y no ajustadas a la ley con el fin de que esos ciudadanos extranjeros no estén empadronados. Estas prácticas administrativas han tenido consecuencias negativas para los derechos e intereses de los afectados ya que se les ha impedido hacer uso de algunos servicios municipales, o de carácter asistencial, de salud, de educación, de transporte, etc. además de no figurar en el censo electoral. (Tomado de la web del Defensor del Pueblo)
A tener en cuenta….

¿Para qué sirve el empadronamiento?

El empadronamiento será el documento que acredite el tiempo de permanencia en territorio español, independientemente de su nacionalidad o de su situación legal, es decir si tiene o no residencia o bien la misma en tramite. La inscripción en el Padrón lo acredita como vecino del municipio.
Para poder realizar el empadronamiento necesitará establecer un domicilio, el cual no es necesario que sea de su propiedad, puede ser en alquiler o bien la casa de un familiar o un conocido.Es aconsejable realizar el empadronamiento ni bien se arribe a España. La inscripción se realiza en el Ayuntamiento correspondiente a la localidad donde usted reside.
Es un tramite muy sencillo y este documento le será necesario:
  • Para solicitar la regularización o permisos de residencia y trabajo,
  • Le da derecho a solicitar el carné para la asistencia sanitaria,
  • Le será exigido para realizar el canje del permiso de conducir en el caso de existir convenio con su país de nacimiento,
  • Es imprescindible para realizar la inscripción escolar de sus hijos
  • Y todos los demás tramites inherentes a los extranjeros.
Una de las razones más importantes para realizar la inscripción en el Padrón municipal es que dicha inscripción es la prueba de arraigo para conseguir los papeles definitivos. Como también para tener acceso a las prestaciones municipales, como las ayudas sociales.
Existe una ley orgánica del 2003 que establece la renovación del empadronamiento cada dos años de todos los extranjeros comunitarios sin autorización de residencia permanente. Estableciendo una caducidad de dos años.

¿Puedo empadronarme aunque no tenga papeles?

Si usted se encuentra en situación irregular no debe temer empadronarse en el Ayuntamiento correspondiente a su domicilio. El Ayuntamiento no realiza control sobre la legalidad o ilegalidad de las personas que residen en territorio español. El Ayuntamiento solo lleva un registro «El padrón», de las personas que habitan en su jurisdicción y verificar la situación en que se encuentran.Documentación necesario para poder empadronarseSolicitar en La Oficina de Ayuntamiento que le corresponda de acuerdo a su domicilio,
  • el formulario de Alta Individual o Colectivo.
  • Fotocopia y original del pasaporte.
  • Fotocopia y original del contrato de alquiler o la autorización firmada por el dueño de la vivienda donde esta alojado. Si es el caso, deberá incluirse en el formulario para poder empadronarse en su domicilio. Igualmente el dueño de la vivienda tendrá que renovar su empadronamiento para incluirlo a usted.
  • En caso de hijos, presentará fotocopia y original de los pasaportes y libro de familia

¿Qué hacer si cambio de domicilio a un nuevo municipio?

Si cambias de domicilio deberás solicitar por escrito el alta en el municipio donde fijes tu nueva residencia. El municipio dentro de los primeros diez días del mes siguiente notificará a tu antiguo municipio para solicitar la baja del padrón.¿Qué es un volante de empadronamiento y una certificación?El volante de empadronamiento: es la constancia que te dará tu municipio para acredita tu empadronamiento. Debes solicitarlo para realizar trámites administrativos donde no sea necesario una prueba rigurosa; como solicitar ayudas escolares, servicios sociales, en tarifas de transporte, etc. Certificado de empadronamiento: lo requerirás cuando sea necesario acreditar tu empadronamiento ante Tribunales de Justicia, organismos extranjeros, etc. Las certificaciones deberán llevar firmas manuscritas del Secretario y del Alcalde o de sus delegados.



PAREJAS DE HECHO ENTRE EXTRANJERO Y ESPAÑOL

La incorporación de las parejas de hecho, como una forma de familia cada día más socialmente admitida en nuestro ámbito europeo, ha sido un camino abrupto y lleno de inconvenientes en nuestra legislación, que sin embargo se encuentra ya muy avanzado. Cuando esa pareja de hecho se ha constituido entre un español/a y un extranjero/a, las dificultades han sido en muchas ocasiones artificialmente exageradas y premeditadamente provocadas en un retorcimiento de las normas.
La Directiva 2004/38/CE estableció el reconocimiento de derechos de residencia y trabajo a los familiares de los ciudadanos de la Unión en todo su territorio, y entre esos familiares se señalaba “b) la pareja con la que el ciudadano de la Unión ha celebrado una unión registrada, con arreglo a la legislación de un Estado miembro, si la legislación del Estado miembro de acogida otorga a las uniones registradas un trato equivalente a los matrimonios y de conformidad con las condiciones establecidas en la legislación aplicable del Estado miembro de acogida”.
Ante tal imposición, el gobierno español de ese momento, dado que le parecía que una unión de hecho era una forma “muy fácil” de conseguir el acceso a derechos por parte de un inmigrante, optó por el subterfugio más rastrero, y en el desarrollo de la Directiva, del RD 240/2007 que reconoció la calidad de incluido en el régimen a “b) A la pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal inscrita en un registro público establecido a esos efectos en un Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado parte en el Espacio Económico Europeo,” pero añadiendo el requisito de “que impida la posibilidad de dos registros simultáneos en dicho Estado,”.
La jugada sólo puede ser calificada de sucia: al ser los registros de parejas de hecho en España de competencia autonómica, nadie puede cumplir tal requisito, salvo que junto con el certificado de pareja de hecho de la Comunidad Valenciana, vg, se presentaran catorce certificados negativos del resto de comunidades autónomas. De esa manera se conseguía incumplir de facto la obligación establecida por la Directiva.
La Sociedad civil respondió y Andalucía Acoge y la APDH recurrieron el Decreto ante el Tribunal Supremo, que el 1 de junio de 2010 dictó la nulidad de tal inciso, con las siguientes palabras: “Se trata, pues, de una exigencia no contemplada en la Directiva comunitaria, que implica una restricción respecto del contenido subjetivo de la misma y que, por tanto ha de ser anulada. Es cierto que existen diversos sistemas internos europeos de multiplicidad registral —como acontece con España— mas, sin siquiera el loable intento que, sin duda, la expresión reglamentaria conlleva de evitar posibles fraudes de duplicidad, puede servir de apoyo a la restricción que se pretende, ya que la solución frente al fraude debe ser regulado desde otras perspectivas jurídicas.” Notable ingenuidad la de ver “loable intento” y no apreciar el truco rastrero.
Parecía que la guerra estaba ganada, y de hecho se comenzaron a presentar solicitudes de Tarjeta de Familiar de Residente Comunitario a la vuelta de ese mismo verano, pero en algunos territorios se llegó incluso a modificar las leyes de parejas de hecho para conseguir un auténtico despropósito: que fuera más complicado, exigente y costoso  inscribir la pareja que contraer un matrimonio. En la Comunidad Valenciana se llegó a hacerlo imposible, exigiendo vecindad civil de ambos miembros de la pareja. En Cataluña, con un derecho civil propio en el que basta con una declaración ante notario, se les negaba el carácter de “inscritas en un registro público”.
Se continuó dando la batalla desde la sociedad civil, a través de los registros municipales de parejas de hecho. Muchas localidades los tienen, y lo único que exige la norma es que la Unión de hecho se encuentre registrada en un registro público. Se consiguieron así unos cuantos reconocimientos de derechos, hasta que se llegó a oponer que no eran un registro público.
Sin embargo, y recientemente, la sociedad civil ha recibido un sonoro respaldo por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el cual, en sentencia de 8 de noviembre de 2012 en el caso Lida (c-40/11), clarificó que el derecho de estos «otros miembros de la familia» nacionales de terceros países es, en todo caso, un derecho derivado del derecho del ciudadano de la Unión y «no un derecho autónomo de los nacionales de terceros países», pero añadió que dicho concepto de familia extensa, estaría formada “por cualquier otro miembro de la familia, cualquiera que sea su nacionalidad, que no entre en la definición de miembro de la familia del artículo 2 de la Directiva y que, en el país de procedencia, esté a cargo o conviva con el ciudadano de la Unión beneficiario del derecho de residencia con carácter principal o, en caso de que por motivos graves de salud, sea estrictamente necesario que el ciudadano de la Unión se haga cargo del cuidado personal del miembro de la familia” y además que “también se considerará miembro de la familia extensa a la pareja con la que el ciudadano de la Unión mantenga una relación estable debidamente probada.”
En conclusión, el gobierno se ha visto obligado a recoger esta novedad de la sentencia mediante una reforma del RD 240/2007, mediante el RD 987/2015 de 30 octubre 2015. El nuevo articulado recoge que:
  1. Se podrá solicitar la aplicación de las disposiciones previstas en este real decreto para miembros de la familia de un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo a favor de (…)
  2. b) La pareja de hecho con la que mantenga una relación estable debidamente probada, de acuerdo con el criterio establecido en el apartado 4.b) de este artículo.
Y antes de ese artículo 4.b) el 3.d) dice que
  1. La solicitud de la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión deberá acompañarse de los siguientes documentos: (…)
  2. d) En el supuesto de pareja, la prueba de la existencia de una relación estable con el ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y el tiempo de convivencia.
Y por fin el 4.b):
“4. Las autoridades valorarán individualmente las circunstancias personales del solicitante y resolverán motivadamente debiendo tener en cuenta los siguientes criterios:
  1. b) En el caso de pareja de hecho, se considerará que se trata de una pareja estable aquella que acredite la existencia de un vínculo duradero. En todo caso, se entenderá la existencia de este vínculo si se acredita un tiempo de convivencia marital de, al menos, un año continuado, salvo que tuvieran descendencia en común, en cuyo caso bastará la acreditación de convivencia estable debidamente probada.”
Como vemos, una vez más se usa y se abusa de conceptos jurídicos indeterminados, cuya finalidad es permitir que esa “valoración individualizada” por parte de las autoridades goce de los mayores grados de arbitrariedad, y por el contrario, los ciudadanos estemos expuestos a una gran inseguridad jurídica.
No obstante, la tenemos unos nuevos parámetros, que la Administración tendrá muy complicado eludir, y que dividiré en dos aspectos fundamentales:

1. Respecto a la petición de una Tarjeta de Familiar de Ciudadano de la Unión que reconozca oficialmente la situación

.- Vínculo duradero. Se entenderá así siempre que tengan una convivencia de un año mínimo, pero no se impide que sea de menos tiempo. De hecho, si hubiera descendencia en común, no se exige que la convivencia tenga ningún tiempo determinado previo, aunque la exigencia de que sea “estable” puede interpretarse en sentido contrario. Entre un año y nada, entiendo que la existencia de un hijo en común hace que la estabilidad se presuma, pues existe una relación como mínimo de nueve meses.
.- Desaparece, como requisito, la exigencia de un registro específico, sea público, privado, autonómico, municipal, o cualquier otro, con lo que el debate sobre los registros municipales queda superado. Estos registros no tendrán más importancia que el de prueba de convivencia durante el año que se menciona en el apartado anterior, y en cuanto a prueba, no cabe ninguna otra exigencia.
.- Esa propia definición de vínculo duradero sobre la base de un año de convivencia y/o descendencia, viene a establecer las bases del concepto de estabilidad. Es evidente que en tal concepto no cabe más valoración que la propia voluntad de los miembros de la pareja, que se expresa en el acto de solicitar para su miembro extranjero la tarjeta de familiar, si es que se hace del concepto una valoración de futuro.

2. Respecto a la defensa, frente a un eventual expediente sancionador por estancia irregular, mediante el acto de “solicitar la aplicación de las disposiciones previstas en este real decreto para miembros de la familia de un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea”.

A nadie se le escapa que la diferencia entre un expediente sancionador de extranjería – en un porcentaje abrumador por estancia irregular – es abismal si se trata de alguien acogible al régimen de ciudadanos de la Unión – sea directa o indirectamente por equiparación de familiares – o no: en tanto al primero se le aplica un leonino y draconiano expediente de expulsión preferente, al segundo no cabe siquiera sancionarle, si no es con un expediente risible similar al que a un español se le pudiera imponer por no renovar u obtener su DNI.
La prueba, por tanto, de estar incluido en los parámetros anteriores, puede ser absolutamente determinante.
En aquellos expedientes que se incoen por causas más vinculadas con el orden público y la seguridad pública, también las diferencias son aplastantes, sobre todo en cuanto a defensa y procedimiento. En estos casos, la prueba sobrevenida tras el inicio de un expediente preferente de que el ciudadano expedientado está incluido en el ámbito de aplicación del RD 140/2007 deviene en la propia nulidad del expediente, que no es subsanable. En un hipotético segundo expediente desarrollado ya por el cauce del artículo 15 del 240/2007 las diferencias de fondo son también importantísimas entre la valoración de qué se puede llegar a entender por los parámetros del artículo 54 LOEX o los parámetros que se marcan en dicho artículo 15, que no son sólo invocar “razones de orden público, de seguridad pública”, sino también las limitaciones que se establecen en el resto de apartados del mismo, y que a la luz además de la Jurisprudencia del TJUE han devenido en causas muy cualificadas.
En cualquier caso, y de manera común a ambos aspectos, un documento cobra una importancia excepcional: el certificado de empadronamiento conjunto de la pareja con un año de antigüedad va a ser, si bien no el único, si el documento que en la práctica sustituirá al certificado del registro de parejas de hecho, y ello en todo el territorio estatal.
La norma no habla de convivencia, sino de “relación estable” y “vínculo duradero”, con lo que insisto en que el certificado de empadronamiento conjunto de un año de antigüedad no será el único documento que acredite la inclusión en el supuesto. Sí un documento difícilmente discutible, con arreglo a los parámetros jurídicos de ese empadronamiento.
Pero imaginemos alguna de las fórmulas familiares que la sociedad engloba en la pareja de hecho: una pareja que tienen un hijo en común y que sin embargo vive cada uno en su propia vivienda, afirmando ambos que siguen manteniendo la relación sentimental de la que es fruto el niño; o una relación sentimental de una pareja, estable y prolongada, en la que las exigencias laborales de una de las partes no le permite fijar la residencia junto a la otra, pero pasan juntos todos los fines de semana que pueden… o cualquiera de las formas de relación en pareja que determinan un vínculo estable y duradero. Las formas de la familia tradicional como única forma de familia están siendo cada día superadas, y la Directiva primero, y la interpretación que de este aspecto ha hecho el TJUE no es sino manifestación jurídica de esa realidad social. A las dificultades de prueba de esos supuestos se unirá una manifiesta voluntad de la administración de entorpecer el acceso a derechos por parte de extranjeros, una “presunción de fraude” que debe vencerse siempre que se defiende a un extranjero.
Otro aspecto interesante de la modificación es que, por fin, quedará superada una de las mayores vergüenzas que se estaban produciendo en nuestra administración de extranjería. Todos hemos tenido el típico caso de un matrimonio, casados hace veinte años, con hijos incluso, en que uno de ellos accede a la nacionalidad española, y van a reclamar los derechos como familiar de ciudadano de la Unión del esposo o esposa, y un funcionario, sin sonrojarse, sin achicarse, sin pedir perdón por la suprema majadería que le hacen decir, va y suelta: “es que mientras el matrimonio no lo registren en el Registro Civil central español, para nosotros ustedes no están casados” . Y ante la perplejidad mayúscula del afectado se le informaba además de que tal inscripción venía a tardar como mínimo un año y se traía a cuento el artículo 61 del Código Civil, y no se reconocía la plenitud de efectos civiles del mismo. Lo que suponía ignorar la certificación que se aportaba, y sobre todo el párrafo primero del artículo sobre los efectos civiles, ante lo que la administración pretendía situarse en el plano de un ignorante tercero de buena fe. La administración de extranjería puede ser tercero, puede ser ignorante, pero se me hace difícil, tras años de experiencia, que tenga buena fe. En fin, estos casos quedan superados, pues con demostrar que hay una relación estable y duradera deberá reconocerse el estatuto de familiar de ciudadano de la Unión, y dudo que se ponga en duda tal acreditación con un certificado de matrimonio extranjero, aunque no esté inscrito en el RCC.
Así que, como en todo lo que tiene que ver con la extranjería, las soluciones nunca son definitivas, y cada avance no determina sino el comienzo de una nueva batalla por hacerlo efectivo. Seguiremos informando.

SOLICITUDES DE TARJETA PARA FAMILIARES COMUNITARIOS

Solicitudes de Tarjetas para Familiares Comunitarios


  1. Estas tarjetas pueden ser solicitadas para familiares de los ciudadanos de la Unión Europea. Bajo el Acuerdo del Espacio Económico Europeo así como la Confederación Suiza.
  2. Los familiares que pueden solicitar este tipo de tarjetas son los siguientes:
  3. El Cónyuge, simepre y cuando el enlace matrimonial siga vigente y no exista declaración de nulidad o divorcio.
  4. Pareja de hecho o pareja con la que se tenga una unión similar a la conyugal y siempre que esté registrada en un registro público y que no recaíga sobre ella ningún tipo de cancelación.
  5. Descendientes menores de 21 años que sean directos o del cónyuge o pareja de hecho. Y los descendientes que estén a su cargo o tengan alguna incapacidad con más de 21 años.
  6. Y por último los ascendientes directos de ambos que estén a cargo del cónyuge comunitario.
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